
La Alianza Nacional TPS, en colaboración con la Red Nacional Jornalera, ha presentado una demanda en una Corte de San Francisco con el objetivo de proteger el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela. Este programa actualmente ampara a más de 600,000 venezolanos, quienes ahora enfrentan la amenaza de perder su estatus migratorio tras la decisión de la administración de Donald Trump de eliminarlo de forma definitiva.
Los responsables de la eliminación del TPS
La demanda, anunciada el jueves 19 de febrero, señala como demandados a:
Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS)
El Gobierno de los Estados Unidos
La administración Trump, a través de Noem, anunció el 3 de febrero la terminación del TPS para los venezolanos, una medida que pone en riesgo a cientos de miles de personas, exponiéndolas a persecución, detención, encarcelamiento y deportación.
Argumentos de la demanda
La acción legal, interpuesta en la Corte del Distrito Norte de California, fue presentada por la Alianza Nacional TPS, junto a beneficiarios individuales del programa. Los demandantes argumentan que la decisión es ilegal por las siguientes razones:
El DHS no tiene autoridad para anular una extensión previamente otorgada.
El 10 de enero de 2024, el entonces secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, extendió el TPS para Venezuela por 18 meses. La revocación de esta medida es considerada arbitraria y contraria a la ley.
La decisión se basa en un error legal.
La terminación del TPS se justifica bajo el argumento de que los beneficiarios están en EE.UU. de manera irregular, lo cual contradice el estatus legal que otorga el programa.
Discriminación contra los venezolanos.
La demanda denuncia animosidad étnica y discriminación contra los beneficiarios venezolanos, citando declaraciones despectivas de la secretaria Kristi Noem sobre esta comunidad.
Impacto de la eliminación del TPS
Si se concreta la terminación del TPS para Venezuela:
USCIS no aceptará solicitudes de reinscripción al TPS (Formulario I-821).
No se renovarán permisos de trabajo vinculados al TPS (Formulario I-765).
Se emitirán reembolsos de tarifas a quienes enviaron su solicitud de reinscripción.
Esta demanda busca frenar una medida que pone en riesgo la estabilidad de miles de familias venezolanas en Estados Unidos, quienes, bajo el TPS, han podido trabajar y contribuir al país de manera legal.

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